Gris. De color gris es la atmósfera que envuelve a esta ciudad enclavada en Los Andes de Perú: La Oroya. Aquí, niños y adultos conviven con una inmensa chimenea que hace nacer desde sus entrañas una nube de humo. Hasta aquí, la parte visible. Lo que no se ve (o no se quiere ver) es el impacto que esto genera en la salud: mujeres gestantes, niños y adultos con plomo y otros metales en la sangre, producto de la actividad minero metalúrgica. ¿Puede la desidia de un gobierno convertir a miles de pobladores en huérfanos de protección de sus derechos humanos?

 

El caso es grave. Los niños tienen plomo en la sangre incluso antes de nacer, cuando están en el vientre. Niños de plomo, así les llaman. El 2005, una investigación elaborada por la Universidad San Luis de Missouri (Estados Unidos), además de confirmar el plomo en la sangre, determinó la presencia de otros metales como arsénico y cadmio.

 

¿Y el gobierno peruano? Bien, gracias. La desidia de los gobernantes de turno ha motivado a las organizaciones internacionales AIDA, Earthjustice y CEDHA, junto a la SPDA de Perú, a presentar demandas ante autoridades judiciales nacionales y supranacionales. Aquí un recuento.

 

Primero el caso fue conocido por jueces nacionales. El proceso culminó con una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en mayo de 2006. La sentencia obligaba al gobierno a cumplir una serie de medidas. ¿Los ha cumplido? A medias. Hasta ahora hace caso omiso, por ejemplo, al mandato de brindar "atención médica especializada de niños y mujeres gestantes", tal como exigía el tribunal.

 

Para entonces, y por la gravedad del caso, las mismas organizaciones ya habían presentado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que otorgue medidas cautelares urgentes, "para evitar graves daños a la vida, la integridad personal y la salud". El pedido fue formulado en noviembre de 2005.

 

Adicionalmente, en diciembre de 2006 presentaron una demanda de caso, pidiendo a la CIDH que determine la responsabilidad del Estado peruano en este atentado contra los derechos humanos (la vida, la integridad personal y otros). La CIDH tenía que atender dos solicitudes distintas: la primera sobre medidas cautelares urgentes y la segunda para determinar la responsabilidad del Estado peruano.

 

El 31 de agosto de 2007, la CIDH emitió un primer pronunciamiento, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares urgentes, exigiendo al Estado peruano la implementación de un diagnóstico médico y "tratamiento médico adecuado y especializado" para quienes se encuentren en peligro. ¿El Estado atendió este pedido? No. No hubo diagnóstico ni tratamiento especializado.

 

 

Ahora bien, el 5 de agosto, la CIDH admitió la demanda de caso para determinar la responsabilidad del gobierno peruano, por quedarse de brazos cruzados frente a un grave problema de afectación a derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué derechos se estarían vulnerando según la CIDH? Tomen nota: Derecho a la vida; derecho a la integridad personal; derechos de los niños a medidas de protección; e incluso el derecho de la libertad de pensamiento y expresión.

 

 

La admisión de esta demanda se da en circunstancias en que el gobierno peruano, presidido por Alan García Pérez, pretende conceder a la empresa metalúrgica contaminadora Doe Run Perú una ampliación del plazo para que construyan una planta que permitiría reducir la contaminación. Las críticas al respecto se han incrementado por algo bien sencillo. La empresa contaminadora tiene como “propietario” al multimillonario dueño de Doe Run, Ira Rennert, quien es acusado de enriquecerse a costa de la salud de los pobladores de La Oroya.

 

Todo indica que el gobierno peruano va a ayudar al señor Rennert, cuyo estado de “indigencia” se refleja en su gran mansión de 29 habitaciones y 39 baños en Long Island, Nueva York, y su ubicación en el lugar Nº 132 de la lista de los billonarios del mundo.

 

Mientras tanto, en La Oroya los días transcurren con mayor incertidumbre. Siempre de color gris. Ya por la contaminación ambiental. Ya por la desidia de las autoridades. Ya por la insensibilidad de un multimillonario cuya empresa es acusada de utilizar a los trabajadores para protestar a favor de sus intereses. Ya estuvo bueno todo esto. El humo llegó a la CIDH, instancia que se presenta como real esperanza para salvar de la orfandad en derechos fundamentales a miles de pobladores afectados por la contaminación.

 

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Nota: Aquí les comparto el informe de la CIDH a través del Scribd, una suerte de Youtube, pero para subir documentos. Pueden descargar el documento, previa suscripción a dicha página.