¿DE QUE SE TRATA LA CRISIS HUMANITARIA EN LAS UNIVERSIDADES COLOMBIANAS?

Por: ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (ACEU)
         *Adscrita a la OCLAE, UNION INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES (UIE ), FMJD.

          *Premio Estudiantil de PAZ ISFIT/2005, (The International Student Festival in Trondheim), fue entregado a la Asociación Colombiana de Estudiantes      Universitarios (ACEU), por su constante y no violenta lucha por una Colombia democrática y justa.

  Son distintas circunstancias las que han hecho que el gobierno Uribe dedique gran parte de su atención a las universidades, especialmente en los últimos dos años. En primer lugar se encuentra una circunstancia que podríamos llamar de carácter estructural, es la que se refiere precisamente al avance en la aplicación de las reformas neoliberales en el Estado colombiano, ya que la educación superior ha representado desde hace varios años un escenario muy fuerte de resistencia a estas reformas.

De manera individual y colectiva, aún con pocas organizaciones gremiales de base y una escasa coordinación en lo nacional y local, las distintas expresiones del movimiento estudiantil han presentado una importante batalla contra las privatizaciones de las universidades, entiéndase por esto los problemas relacionados con lo financiero, así como a otros aspectos de la contrarreforma uribista tales como lo tocante a lo académico, lo administrativo (organización interna de las instituciones, cambios en estatutos) y especialmente los temas referidos a la autonomía y democracia universitaria.

Entonces tenemos que la educación superior, si bien se ha visto afectada por la política neoliberal, es casi la única institución de carácter público en las que los planes privatizadores no han podido avanzar con suficiente celeridad, al mismo tiempo que mantiene un movimiento por su defensa verdaderamente activo y cualificado, a diferencia de otros sectores sociales y sindicales gravemente golpeados y disminuidos. Basta con señalar que en los propios documentos oficiales aparecen los logros del movimiento universitario como los puntos negros de la gestión de Uribe.

La segunda situación que ha generado atención especial del gobierno de Uribe sobre las universidades es la que podríamos llamar de carácter coyuntural, se refiere a lo sucedido durante el 2006 en el desarrollo de la campaña presidencial. Hasta el primer gobierno de Uribe en Colombia no existía la reelección inmediata de presidente, es decir, desde el gobierno el propio presidente aprovechando la mayoría en el parlamento legisló a su favor cambiando las reglas democráticas y postulados constitucionales establecidos en 1991, garantizando su reelección. Los estudiantes universitarios, si bien han sido un factor importante en la lucha social, conforman un bloque típicamente abstencionista, por lo menos así era hasta la pasada campaña presidencial.

En las universidades, donde los estudiantes normalmente no enfocaban sus intereses en temas electorales, gracias a la amplia conciencia democrática y la reserva ética, políticamente hablando, que representan los académicos, se vivió un ambiente de profundo rechazo a este gesto autoritario de modificar la constitución, bajo la sombra de un proceso “transparente” en el congreso, en beneficio de quien hoy esta en cabeza del gobierno. De esta forma se explica que espontáneamente en un sin numero de universidades se dieran manifestaciones contra al reelección del presidente Uribe, aún cuando esto no significara una adhesión a cualquier otra candidatura. Los hechos más relevantes de este fenómeno espontáneo se ubican en universidades privadas de la elite del país como la Javeriana, El Externado e incluso la Universidad de los Andes, donde se dieron situaciones de protesta, tema novedoso entendiendo que el activismo universitario se concentra principalmente en las universidades públicas.

Pero este fenómeno se ve acrecentado en la medida que el candidato de la oposición para esa contienda electoral provenía de los claustros universitarios, basando su prestigio en la política en su posición de intelectual. Por esta razón el presidente Uribe se empeño en dar sus discursos y ofrecer actos de campaña desde las universidades, lo que derivo en enfrentamientos entre estudiantes y el presidente de manera directa y un sinnúmero de manifestaciones.

Con este contexto en el que se entremezclan las circunstancias que hemos llamado de carácter estructural (aplicación de la política neoliberal) y las de carácter coyuntural (elecciones presidenciales del 2006, reelección de Uribe), se puede entender mejor porque las universidades en los últimos dos años han sido un fuerte epicentro de la confrontación entre el gobierno de Uribe y el movimiento social colombiano, en particular el movimiento estudiantil, que ha sido prácticamente el único capaz de arrebatarle reivindicaciones a el actual gobierno.

 De esta manera se explica también la campaña de desprestigio, persecución y señalamiento pensada y desarrollada por el gobierno de Uribe, que ante semejante situación, y buscando justificar la represión contra le movimiento estudiantil, se ha dedicado a señalar a los estudiantes universitarios como auxiliadores de grupos insurgentes, a sus organizaciones gremiales como reclutadores de la guerrilla y los campus universitarios como un peligro para la democracia ya que representan una zona de operaciones libre para el sabotaje y actos terroristas.

Son célebres los llamados del vicepresidente pidiendo la militarización de los campus, así como las distintas declaraciones de ministros y acciones de señalamiento a través de los principales medios de comunicación que contribuyen a construir este escenario de amenazante riesgo hacia las vidas y al integridad del movimiento universitario y sus miembros. Pero lo más preocupante es que la posición oficial del gobierno de tratar el problema de las universidades como una situación de orden público para hacer avanzar su política de reformas neoliberales, coincide con la más grave crisis humanitaria ocasionada no solo por las fuerzas de seguridad del Estado, sino también por grupos paramilitares que se articulan a esta política de manera bastante favorable para las aspiraciones presidenciales de acallar la voz de las universidades.

El homicidio¹, representa un 6% respecto al total de los casos estudiados, y con un total de catorce estudiantes asesinados en los primeros cuatro años del gobierno de Uribe Vélez equivale al asesinato de dos dirigentes estudiantiles por cada semestre académico. La mayoría de estos casos aún se encuentra en la impunidad, viéndose una absoluta negligencia por parte del poder judicial. A pesar de ello las primeras investigaciones muestran que al menos un 60% de estos casos pueden ser atribuidos a organismos de seguridad del Estado.

En Colombia desde el 2005 contamos 8 activistas universitarios asesinados: el 22 de septiembre de 2005 muere Jhony Silva en medio de una manifestación pública en la Universidad el Valle (Cali), el 8 de marzo de 2006 muere Oscar Salas en similares circunstancias esta vez en la ciudad de Bogotá, el 5 de octubre de 2006 asesinan en la ciudad de Cali a Julián Hurtado, representante de los estudiantes ante el consejo académico de la Universidad del Valle, integrante de la comisión que buscaba esclarecer los hechos de la muerte de Jhony Silva, comisión que una semana antes de su asesinato había emitido un veredicto culpando a la Policía Nacional y su escuadrón ESMAD (grupo antimotines). El 19 de octubre de 2006 asesinan a Milton Troyano activista de la Universidad del Cauca (Popayán) y el hecho más atroz ocurre el 24 de octubre cuando estalla una bomba en la Universidad del Atlántico (Barranquilla) que deja como saldo 4 estudiantes muertos y varios heridos.

Es necesario aclarar que en el caso de los dos estudiantes muertos en medio de protestas está implicado el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Ya el 7 de noviembre de 2001 este mismo escuadrón se había visto implicado en la muerte de Carlos Giovanni Blanco en la Universidad Nacional (Bogotá), así como en la muerte de Nicolás Neira en mayo 1 de 2005, joven de escasos 15 años. En la lista negra de asesinatos y abusos del ESMAD también se cuenta la muerte de 3 indígenas en diversas manifestaciones, así como incalculables daños a propiedad pública y privada y múltiples casos de heridos y abusos de fuerza contra personas. Lo peor de esta situación es que hasta el momento actual no existe ninguna investigación disciplinaria y mucho menos judicial contra los miembros de este escuadrón, no existe una sola destitución o muestra de llamado de atención, por el contrario se han implementado bases de este cuerpo de asesinos en más ciudades del país y su utilización se extiende a cualquier situación de manifestación que se presenta en las ciudades colombianas, aumentando así el riesgo de agresiones y asesinatos.

Si tenemos en cuenta el mismo periodo de tiempo, es decir el periodo en el que el gobierno de Uribe acrecentó los señalamientos y persecución al movimiento estudiantil, que coincide con el periodo de mayores reformas a la educación superior y la campaña presidencial para su reelección, encontramos también un elevado número de amenazas:

Estas amenazas en un primer momento eran firmadas por los antiguos bloques de las AUC, de acuerdo a la zona geográfica del país en donde se encuentra cada una de estas universidades, estamos hablando especialmente del Bloque Calima de las AUC, el Bloque Central Bolívar de las AUC, Bloque Capital Carlos Castaño, entre otros. Cabe señalar que en su totalidad estos bloques hacen parte del proceso de negociación entre el gobierno y los paramilitares que en el momento de las amenazas se encontraba en pleno desarrollo, a pesar de que como está demostrado, estos bloques seguían amenazando y delinquiendo.

Es a partir del mes de octubre de 2006 que empiezan a mutar los nombres de los firmantes y pasan a llamarse en la mayoría de las amenazas “Águilas Negras”, reconociéndose en todo caso como miembros de las AUC y haciendo alusión constante a la necesidad de cumplir con la estrategia de Seguridad Democrática y defender el gobierno de Álvaro Uribe.

A esta altura del análisis es necesario hacer un corte que nos permita ver las líneas generales de la agresión a los universitarios, que nos permitan señalar elementos de coincidencias y consecuencias de esta guerra no declarada a las universidades del país como escenarios críticos y de movilización frente a la gestión del actual gobierno.

1. En el caso de la responsabilidad del gobierno sobre le tema, si bien sería irresponsable señalarlo como culpable directo de esta emergencia humanitaria, por lo menos la omisión al momento de atender esta grave crisis si lo deja como culpable al no tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la libertad de asociación consagrados en la constitución y fuertemente vulnerados en este caso a la población conformada por la comunidad universitaria colombiana.

2. En el caso de los homicidios en plenas movilizaciones públicas el gobierno es culpable al no tomar las medidas necesarias de prevención y atención en lo que se refiere a la actuación del ya mencionado ESMAD.

3. Las constantes declaraciones por parte de los más altos funcionarios del gobierno nacional en contra de los universitarios contribuyen y dan un marco de acción propicio para los grupos paramilitares. De hecho, la acción de estos grupos es bastante coincidente con la política de privatización implementada por el gobierno Uribe, quien a manifestado su interés en “reformar” en primera instancia las universidades de la costa atlántica, las del eje cafetero y las del sur occidente colombiano, especialmente la Universidad del Valle. Nótese entonces como las amenazas y asesinatos se concentran en dichas universidades.

El punto máximo de agresión se alcanza en el mes de octubre del 2006 en el que son asesinados 6 estudiantes. En atención a esto la ACEU y dos representantes del Consejo Estudiantil de la UNIVALLE sostuvimos una reunión pactada inicialmente con el ministro del interior, quien delegó a la responsable de asuntos territoriales y de orden público para atender el caso. Dicha reunión se realizó el día 10 de octubre, cuando solo había sido asesinado Julián Hurtado. En ese momento se entregó un documento al ministro del interior que contenía los detalles de esta estrategia sistemática de agresión y que hacía las siguientes peticiones:

1. Se garantice el derecho a la vida, de libre asociación y a la oposición política de los estudiantes de la Universidad el Valle, Universidad del CAUCA, Universidad de Nariño, Universidad de la Amazonía y las demás universidades del país. En atención a esto solicitamos la instauración de un programa concertado de protección para los dirigentes estudiantiles.

2. Exigimos garantías para el ejercicio de la protesta y representación estudiantil, especialmente el 12 octubre día en el cual el movimiento estudiantil y social manifestará su inconformidad en contra de la agresión a la Universidad Colombiana.

3. Exigimos la instauración de una Comisión de Alto Nivel, que haga seguimiento a la grave crisis humanitaria que vive la Universidad, evalué la responsabilidad del Estado y emita recomendaciones sobre la protección de los dirigentes universitarios. Proponemos que este constituida por la procuraduría, fiscalía, Ministerio del Interior, presidencia, organizaciones de derechos humanos, estudiantes, profesores y trabajadores universitarios, organizaciones internacionales tales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la defensoría del Pueblo y los rectores de las universidades.

4. Consideramos que el gobierno, en cabeza del presidente de la república a través de sus desafortunadas declaraciones, ha incitado este tipo de reacciones por parte de los grupos paramilitares y las fuerzas oscuras que hoy se ciernen sobre la universidad. En atención a esto solicitamos que se emprenda una campaña de desestigmatización de la universidad, generando debates amplios y de cara a la sociedad, aprovechando los medios de comunicación que están a disposición del ejecutivo.

5. Solicitamos que salgan a la luz pública las órdenes de batalla en las que están implicados dirigentes universitarios, ya que en algunos casos se han mostrado coincidencias entre las agresiones y las labores de la inteligencia militar.

6. Finalmente solicitamos una reunión de verificación, en cabeza de la comisión de alto nivel, con todas las garantías, en las universidades de: UNIGUAJIRA, U. de Cartagena, U. de Sucre, U. Francisco de Paula Santander, U. de Pamplona, U. del Tolima, UNIAMAZONIA, UTP y las Universidades del Suroccidente Colombiano.

Lejos de tomar cartas en el asunto o considerar nuestras peticiones, nunca se nos dio respuesta clara a estas solicitudes. El 19 de octubre, solo 9 días después de esa reunión fue asesinado Milton Troyano en la UNICAUCA, una de las universidades que fue señalada como de máximo riesgo.

Sumado a esto el 20 de octubre el Vicepresidente de la República Francisco Santos, responsable en el gobierno de la oficina de Derechos Humanos, emite declaraciones en todos los medios que textualmente piden la militarización de las universidades bajo el supuesto de que en ellas operan los grupos subversivos y que los activistas estudiantiles son infiltrados terroristas. Solo 4 días después de estas siniestras declaraciones mueren en confusos hechos 4 estudiantes en la Universidad del Atlántico luego de la explosión de una bomba.

No cabe duda entonces de la responsabilidad tanto por acción como por omisión por parte del gobierno nacional frente a los hechos que hoy ponen a las universidades colombianas en una situación de CRISIS HUMANITARIA. Pero esto no se ha detenido allí, ya que funcionarios del alto gobierno como es el caso del actual ministro de agricultura, en declaraciones públicas del 13 abril de 2007 en los noticieros de televisión, sigue insistiendo en la militarización de las universidades bajo el supuesto de que allí se encuentra la principal guarida de terroristas del país. Este tipo de declaraciones lejos de mostrar la preocupación del gobierno por proteger a sus ciudadanos muestran el carácter irracional con el que se asume esta delicada situación y constituyen en sí mismas una nueva agresión a las universitarios que abre las puertas a los asesinos de estudiantes para justificar sus acciones.

Además de los asesinatos y las amenazas la CRISIS HUMANITARIA tiene otros componentes tales como el desplazamiento interno al que hoy se encuentran sometidos dirigentes universitarios que han tenido que dejar sus estudios, su familia y su vida por cuenta de participar activamente en el movimiento estudiantil.

Para cerrar queremos señalar el caso particular de la UNIAVLLE como una muestra del carácter sistemático de la agresión y al mismo tiempo la coincidencia entre las acciones del gobierno y la de grupos paramilitares.

La UNIVALLE es una de las universidades que en el último periodo a protagonizado las más fuertes acciones en contra de la política del gobierno Uribe y su reelección. El 22 de septiembre de 2005 es asesinado Jhony Silva al interior del campus, William Ortiz el 22 de marzo del 2006, luego el 5 de octubre de 2006 es asesinado el estudiante Julián Hurtado, quien hacia parte de la comisión que había investigado el caso Silva y había declarado culpables a la Policía Nacional y su escuadrón ESMAD. Ya para junio de ese mismo año, 4 meses antes de su muerte, Julián había solicitado protección a su vida, solicitud que nunca fue atendida por el ministerio del interior.

El 25 de octubre, pocos días después del asesinato de Julián Hurtado un automóvil con militares intenta ingresar al campus ocasionando una situación de grave tensión en la que los militares presentaron sus armas en contra de quienes impedían su ingreso, irrespetando el duelo de la comunidad universitaria y en una clara muestra de provocación. El 13 de noviembre en el principal campus de la UNIVALLE se realiza un operativo de “entrenamiento” de fuerzas antiterroristas del ejército, adscritas a la tercera brigada, quienes hacen desembarcos helicoportados sobre la universidad y se toman el campus bajo el pretexto de estar entrenando frente a una posible situación de orden público. Finalmente el 21 de febrero de 2007 es allanada la universidad por parte de fuerzas de inteligencia y policía judicial.

No cabe la menor duda de que estamos frente a una agresión sistemática, de carácter nacional contra los universitarios, que hoy por hoy son un sector social que encarna una aguda crítica al gobierno nacional. El mismo tratamiento que ha dado el gobierno nacional a esta crisis humanitaria deja en evidencia su verdadero carácter, alejado de la democracia y como lo hemos mostrado, bastante coincidente con la agresión de los grupos paramilitares y las fuerzas oscuras que atentan contra la vida en las universidades del país.

A través del constante señalamiento, persecución y encarcelamiento el gobierno nacional se adscribe a esta crisis humanitaria como factor directo que origina esta grave situación. La falta de atención ante la oportuna denuncia los hace culpables incluso en hechos de asesinato y desplazamiento y constituye un grave elemento que vulnera la credibilidad y aumenta la zozobra frente a los recientes cuestionamientos que se le vienen haciendo en el campo de los derechos humanos y su relacionamiento directo o indirecto con grupos paramilitares.

Solo los dictadores de nuestro continente han asumido a la universidad como un peligro, las ideas que emana de las mentes y espíritus de los universitarios son siempre un impulso para la verdadera democracia, el oponerse al carácter crítico, creador y transformador de las universidades y someterlas a un tratamiento de guerra no es propio de los verdaderos demócratas, ya en América Latina hemos tenido esa experiencia.

"Por una Universidad crítica, creadora y transformadora"

ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS- ACEU